Bandas de pederastas paquistaníes llevan más de 50 años actuando impunemente en Reino Unido

Las hijas de las “manadas” de Gran Bretaña

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Os presento mi investigación sobre las bandas de pederastas paquistaníes que llevan más de 50 años actuando impunemente, con el beneplácito de las autoridades, políticos, agencias gubernamentales, etc., en Reino Unido.

Deseo que esta exposición sirva para honrar a las víctimas por su sufrimiento, por su lucha, por su valor. Tal vez jamás encuentren suficiente justicia pero que al menos sepan que ¡NO ESTÁN SOLAS!

Haras Rafiq

En diciembre de 2017, Haras Rafiq, director ejecutivo del think tank anti extremismo, principalmente islamista, Quilliam Foundation, y Muna Adil, una de sus principales investigadoras, publicaban el libro Group Based Child Sexual Exploitation: Dissecting “Grooming Gangs”, sacando a la luz estudios que demostraban que el 84% de las bandas de explotadores sexuales infantiles en Reino Unido, conocidas como grooming gangs, eran de raza surasiática.

Los estudios comprendían a los 264 condenados en los 58 casos juzgados de grooming gangs, desde 2005 hasta 2017, reflejando una desproporcionada mayoría de paquistaníes musulmanes como atacantes – 222, frente a 22 negros, 18 blancos, y 2 de etnia desconocida; sugiriendo que sus orígenes culturales y religiosos habían propiciado sus acciones, con una clara preferencia por las niñas blancas, las -cruelmente- apodadas easy meat (carne fácil).

El mismo Haras Rafiq, paquistaní musulmán, admitía: “…estoy diciendo que es muy importante que lo hablemos porque el problema no desaparecerá. No queríamos que hubiera un patrón de personas de nuestra etnia demográfica que llevaran a cabo estos ataques. Pero, desgraciadamente, se demostró que estábamos equivocados”.

Previamente, en agosto del mismo año, la propia Muna Adil, a modo de adelanto, informaba en Quilliam que los asiáticos o asiáticos británicos suponían un 6.9% de la población de Reino Unido, siendo alarmantemente responsables de casi el 46% de los crímenes de explotación sexual infantil (prostitución), y recordaba que ya en 2011 David Cameron había advertido que el multiculturalismo había fallado.

Maajid Nawaz

La Fundación Quilliam, fundada por el también británico paquistaní Maajid Nawaz, inició estas investigaciones después de comprobar que los casos de bandas de paquistaníes que traficaban y abusaban de niñas blancas aumentaban de forma vertiginosa desde que salieran a la luz por primera vez en 2003 de manos de Andrew Norfolk, periodista de The Times; mientras, el gobierno presentaba estudios que afirmaban que entre el 87% y el 100% de los pedófilos eran de raza blanca, lo que los integrantes de Quilliam percibieron como un descarado intento por desviar la atención de la comunidad musulmana británica y más concretamente de la paquistaní.

Estos datos, facilitados por la Agencia Nacional del Crimen (National Crime Agency Child Exploitation and Online Protection Command), sirvieron para que políticos y medios de comunicación encontraran la excusa perfecta para tapar su incompetencia, discriminación y, en algunos casos, incluso su involucración en dichas ofensas.

A modo de ejemplo, en mayo de 2013, el bangladeshí con nacionalidad británica, Ajmal Masroor, político del partido Liberal Demócrata e imán y miembro del Concilio Musulmán, se pronunciaba en las redes sociales defendiendo que si bien “más del 80% de los culpables de acoso y explotación sexual de niñas tienen origen étnico paquistaní… Vale la pena recordar que la gran mayoría de los depredadores sexuales, como los pedófilos, son principalmente hombres blancos.”

Un mes después, un Comité del Departamento del Interior británico declaraba que “la amplia mayoría de los condenados por ofensas sexuales a menores en Reino Unido son hombres blancos solteros”, concluyendo que “simplemente no hay relación entre la raza y la explotación sexual infantil”.

Ahora analicemos detenidamente estos datos.

La Agencia Nacional del Crimen recoge dos tipos de pedófilo / pederasta (en los países anglosajones no se establece la misma diferencia que en España):

  • Tipo 1 (Grooming Gang): aquellos que atacan a sus víctimas en función de su vulnerabilidad.
  • Tipo 2 (Paedophile Ring): atacan a menores como resultado de una atracción sexual por niños.

Cuando hablamos de que un 84% de los condenados son musulmanes paquistaníes, nos referimos a la clasificación de tipo 1, que serían depredadores sexuales en función de lo fácil que resulte someter a la víctima. Por ello habría una cifra tan elevada de menores entre las mismas, al ser más manipulables. Actúan en bandas o grupos organizados, y explotan sexualmente a sus víctimas, a la par que abusan de ellas.

Así mismo, al eliminar el factor de la edad de la ecuación, pues hemos dicho que no es un condicionante necesario, cualquier otra razón puede ser válida para seleccionar a la víctima, dando como resultado agresiones por el hecho de no ser musulmana o de ser mujer, como así testificaron muchas de las supervivientes de estas bandas.

Por el contrario, las personas que responden al tipo 2 (la referencia del gobierno al 87%-100% de blancos), requieren como condición indispensable que la víctima sea menor de edad, sin implicar necesariamente un contacto sexual, (muchos no llegan jamás a establecer contacto directo con un menor, sino que se limitan a fantasear con ello). En este grupo se incluye a los pedófilos de internet que acceden a imágenes de menores a través de las redes. Suelen actuar en solitario.

Es decir que, según defienden muchos movimientos progresistas del siglo XXI, si hablamos de tener una “enfermedad mental” que requiere de aceptación social y ayuda, el agresor de raza blanca sería el “enfermo necesitado”.

Por el contrario, siguiendo en la línea de los dogmas progresistas, si hablamos de tolerancia para con otras religiones, integración para con otras razas, así como de igualdad para con la mujer, los hombres musulmanes paquistaníes representan todo lo que el progreso social rechaza, pues seleccionaban a sus víctimas por su credo, su raza y su género.

Por no hablar de que, si un 84% es por si sola una cifra preocupantemente elevada, al unirla al hecho de que los musulmanes paquistaníes representan sólo el 2% de la población total de Reino Unido, da escalofríos.

Sin embargo, los llamados progresistas o globalistas no sólo han usado dichos estudios para manipular deliberadamente la información, desplazando el punto de mira hacia la raza blanca, sino que algunos también se han atrevido a responsabilizar a las propias menores de las agresiones sufridas:

“En realidad, había una gran posibilidad de que las víctimas terminaran siendo agredidas por alguien más en cualquier momento. Esa es la cuestión.”, respondía hace unos meses en Twitter la cantante Lily Allen cuando le preguntaron si creía que estas niñas habrían sido violadas “si a los agresores no se les hubiera permitido entrar en Reino Unido”.

Mientras tanto, Sarah Champion, Ministra de Igualdad en la Sombra por el Partido Laboralista, que había servido como diputada por Rotherham donde los casos suman ya las 1.510 víctimas – Champion prevé que superarán las 2.000 -, se vio presionada para dimitir por publicar un artículo de opinión en The Sun, en el que declaraba: “Gran Bretaña tiene un problema con los paquistaníes británicos que violan y prostituyen a niñas blancas… y es hora de que lo encaremos”.

Algunos de sus compañeros de partido, como el líder Jeremy Corbyn o la diputada de origen paquistaní Naz Shah, la atacaron públicamente acusándola de incitar a la islamofobia y de estigmatizar a una comunidad entera. Una semana después, la diputada Shah iba aún más lejos al compartir un tweet que decía: “Esas niñas violadas de Rotherham y demás sitios sólo necesitan cerrar el pico por el bien de la diversidad.”

Sean O’Grady, del Independent, le dedicaba un artículo titulado “No nos sintamos mal por Sarah Champion, sabía exactamente lo que estaba haciendo”, en el que no sólo la tachaba de ser una “idiota útil” para los intereses de The Sun, sino que indirectamente vertía parte de la culpa sobre las niñas reclamando a Champion que en sus declaraciones “olvidó recordar la regla que le enseñan a todos los niños: ‘no te vayas con extraños’”.

Sin embargo, las críticas menos esperadas llegaron de la mano del vicepresidente de la Concejalía de Rotherham, Jahangir Akhtar, cuando The Times filtró el contenido de su correspondencia en donde se refería a Champion como “ogro”, insistiendo al partido para que laboralmente “se deshicieran de ella pronto”. Posteriormente, se vería obligado a dimitir tras ser acusado de haber abusado de una de las supervivientes.

Champion

Actualmente, Champion está bajo protección las 24 horas tras recibir múltiples amenazas de muerte por parte de miembros de la comunidad musulmana así como de la extrema izquierda porque se niega a seguir las pautas de lo políticamente correcto en una situación en la que las víctimas continúan aumentando cada día.

Sea como fuere, desde 2011 múltiples grupos de hombres han sido procesados y condenados a lo largo de toda Gran Bretaña, acusados de captar, abusar y prostituir menores.

Los estudios de Quilliam Foundation muestran que, si nos centramos en los condenados de Rochdale, Rotherham, Oxford, Telford, Leeds, Birmingham, Norwich, Burnley, High Wycombe, Leicester, Dewsbury, Middlesbrough, Peterborough, Bristol, Halifax y Newcastle, podemos ver que sólo en 2 de los casos los condenados no eran de origen surasiático, así como que sólo 3 de las miles de víctimas no eran de raza blanca.

Lamentablemente, esta investigación no es más que una muestra de una lista extensa de ciudades británicas en donde las grooming gangs llevan actuando con total impunidad desde los años 70. Hay casos de explotación sexual infantil en las nueve regiones que conforman Inglaterra así como en Gales, Escocia e Irlanda del Norte, con un número total de víctimas -según investigaciones realizadas por diversos medios de comunicación- que ascendería al millón.

Entretanto, las cifras oficiales intentan minimizar los números mientras representantes políticos así como de los cuerpos de seguridad del estado le dan un nuevo significado al término deshonra, con declaraciones como la del Ministro del Interior por el Partido Conservador, Sajid Javid, musulmán de ascendencia paquistaní, quien, a pesar de haber crecido en Rochdale donde el número de víctimas va ya por 1.500, se opone a que los condenados sean deportados una vez cumplidas sus sentencias en prisión; o con comentarios como el del Inspector Jefe Neil Jamieson -quien estuviera al mando de gran parte de la Operación Chalice en Telford- que, después de que la investigación del Sunday Mirror revelase que solamente en dicha ciudad alrededor de 1.000 niñas habían sido víctimas de las bandas de prostitución infantil, declaraba con desdén: “Están hablando de casos de hace 20 o 30 años, ofensas ocurridas en los 90”.

El refranero español, en su infinita sabiduría, reza que siempre habla el que más tiene que callar. Completamente aplicable al señor Jamieson que, tras tres años de investigaciones y millones de libras invertidas en la Operación Chalice, a duras penas consiguió llevar a juicio a 9 acusados de una lista de 200 sospechosos.

Y eso gracias a que Sheila Taylor, directora ejecutiva de NWG Network (organización no lucrativa de apoyo a niños abusados), logró demostrar en una investigación paralela en Derby que las niñas eran desplazadas a través de hasta 24 ciudades para ser obligadas a prostituirse, con lo cual los proxenetas incurrían en un delito de tráfico de personas con finalidad de explotación sexual (Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra el Tráfico de Personas, Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo).

Sin embargo, el señor Jamieson se ha visto arropado por una lluvia de agradecimientos por parte de figuras públicas y medios de comunicación, quienes prácticamente le consideran un héroe, atribuyéndole la justicia conseguida para 4 víctimas… 4 víctimas de una lista de 106 niñas abusadas entre los años 2007 y 2009, que fueron los años en los que se centró dicha operación.

Claro que la actuación de este señor va en plena concordancia con todo lo acontecido alrededor del proceso, desde que se iniciara la investigación hasta que se obtuvo cierta “justicia”.

Por ejemplo, siendo tarea dependiente directamente del Sistema Nacional de Salud Británico el hacerse cargo de los menores que son víctimas de explotación sexual, ¿cómo es posible que en todo el país sólo existiera un hogar infantil para tal fin, con una oferta limitada a 4 camas para todo el territorio nacional? Más aún cuando en el mismo año en que se inicia la Operación Chalice, la Oficina del Menor daba estimaciones de unos 10.000 niños siendo víctimas de explotación sexual en todo Reino Unido.

Inspector Jefe al mando de la Operación Chalice, Neil Jamieson

Este despropósito injustificable generó que las pequeñas continuaran bajo total control de los pederastas proxenetas, aún con la investigación en curso, durante dos años más.

También quiero resaltar con especial atención el sistema judicial británico que, en pleno siglo XXI, permitió que las niñas fueran abusadas una vez más, pero esta vez en el juicio, a manos de los abogados de la defensa que interrogándolas de a 7 contra una (7 abogados por niña), las intimidaron, insultaron y vejaron, tachándolas de mentirosas y prácticamente de prostitutas, acusándolas de haber tenido sexo consensuado con sus explotadores, ignorando completamente que un menor de 16 años no puede consentir.

Tal fue el martirio que vivieron las jóvenes durante 4 meses de juicio, teniendo que ser expuestas a los vídeos de sus propios testimonios y de las demás víctimas; grabaciones policiales en donde se podía ver como las autoridades las habían hecho volver a los lugares donde habían sido prostituidas; interrogatorios individuales de cuatro semanas de duración… y todo este sufrimiento para que finalmente se desestimara el caso cuando una de ellas se derrumbó en plena sala ante las inhumanas acusaciones de la defensa, tales como: “Eres una mentirosa compulsiva. ¡Mientes!”; y tuvieran que ver salir en libertad a aquellos hombres que las habían torturado durante años.

Dicha víctima, acabó suicidándose.

Este acto de cruzar todas las líneas rojas, por el cual una niña que ha sido abusada, explotada, maltratada y desamparada, ha de enfrentarse no sólo a revivir todo el horror sufrido (propio y ajeno) sino además a que nuevamente un grupo de hombres con total control de la situación, con más poder y autoridad que ellas, y con un desprecio que degenera en crueldad, las vuelvan a abusar, no es digno de un país que se autocalifica como “un estado de derecho”.

Finalmente, más de un año después, tras 6 juicios independientes, 7 de los 9 acusados fueran condenados. A saber:

  • Ahdel Ali “Eddie” fue condenado a 18 años de prisión por, entre marzo de 2008 y diciembre de 2009, cometer una violación (sí, solo se le condenó por una), 11 cargos por actividades sexuales con menores, 3 cargos por gestión de prostitución infantil, uno por incitar niños a la prostitución, por incitar a niños a realizar actividades sexuales y por quedar con menores tras seducirlos.
  • Su hermano, Mubarek Ali “Max”, fue condenado a 14 años de prisión por 4 cargos de gestión de prostitución infantil, 2 de tráfico de personas con fines de explotación sexual y un cargo por generar prostitución infantil.
  • El tercer hermano, Mohammed Ali “Sultan”, a 7 años. Añadiéndosele, en 2015, 6 años más por nuevos cargos en su contra.
  • Y Tanveer Ahmed, Mohammed Islam Choudrey, Mahroof Khan y Mohammed Younis, condenados a 2 años y 6 meses cada uno.

Si bien las condenas para según qué delitos son directamente irrisorias –a la par que indignantes–, no entiendo por qué no se han añadido agravantes como el hecho de que las supervivientes fueron coaccionadas reiteradamente con ser asesinadas tanto ellas como sus allegados más queridos.

“A los 14 años le dijeron que sabían dónde vivía su madre y su hermano… estas niñas les creyeron”, declaración de un policía partícipe de la investigación.

“Lo denuncié la primera vez, pero tenía mucho miedo. Le dije a la policía que no le arrestaran porque vive al bajar mi calle… No estaría ahí después de navidad porque o me mataban ellos, o me suicidaba yo”, contaba una de las víctimas que declaró en el juicio. Había sido abusada durante 4 años por un total de 72 hombres.

Otra aportaba una lista de 101 nombres…

En el banquillo, frente a ellas, sólo 9. Dos saldrían en libertad: “¿Qué sentido tuvo para mí pasar por todo eso? Declarando durante horas… yendo a las vistas, para que sólo uno fuera condenado. Es algo difícil de aceptar”.

Y es que, las amenazas de estas bandas no eran hablar por hablar. Las niñas lo sabían. Las autoridades también.

En el año 2000, Lucy Lowe, de 16 años, y su hermana Sarah, de 17, fueron quemadas vivas en su casa junto a su madre Eileen, por su violador y proxeneta Azhar Ali Mehmood, siendo éste condenado por asesinato pero no por los 3 años de violaciones y explotación sexual de las pequeñas. Lucy, quien diera a luz a una hija suya a los 14 años, Tasnim, estaba nuevamente embarazada de 4 meses cuando fue asesinada.

Tasnim Lowe visita la tumba de su madre y su tía

En 2002, un extraño accidente de coche calificado en el informe policial como “broma”, le costó la vida a Becky Watson, de 13. Su madre, Torron Watson, había denunciado en múltiples ocasiones que su hija sufría abusos desde los 11 años, adjuntando una lista de sospechosos que aumentaba con cada denuncia: “Las niñas como Becky fueron tratadas como criminales. Pedía ayuda a gritos, pero sentía que no tenía a donde ir”.

Ahmed Nawaz pagó con sólo 3 años de cárcel su “broma” de circular durante 200 metros a 40km/h con Becky en el capó suplicándole que parase el coche.

En 2009, tras 8 años de abusos, habiendo sido enganchada al alcohol y las drogas para ello, explotada sexualmente hasta el punto de haber sido violada por 10 hombres en una misma noche, y habiendo sufrido un aborto a los 16, Vicky Round moría de una “extraña” sobredosis de heroína.

Hoy estas cinco muertes han sido vinculadas por fin a las grooming gangs. Pero hoy los habitantes de Telford saben que estas bandas han actuado impunemente durante 50 años; hoy comprueban que sus niñas han sido ignoradas y vilipendiadas por las autoridades, los servicios sociales y hasta la Concejalía.

Las cifras hablan de 1.000 víctimas sólo en Telford, mientras investigaciones privadas denuncian que sigue habiendo menores que son abusados y explotados sexualmente por esos cientos de miembros de grooming gangs que continúan caminando libres por sus calles.

Hace 6 años, el fiscal jefe Nazir Afzal presentía que esto pasaría cuando declaró que la Operación Chalice era “sólo la punta del iceberg”.

Ahora sus peores temores se han confirmado: “Sabía que saldrían más (casos) a la luz… Cuando dirigí el primer juicio de Telford supe que era un problema mayor, y no sólo en Telford, sino en todas partes”.

El señor Afzal no sólo actuó como fiscal jefe en la Operación Chalice, sino que al mismo tiempo supervisaba la investigación hermana llamada “Operación Span”, en Rochdale. Allí la lista de víctimas es ya de 1.500.

Dicha operación comenzó… como decirlo, ¿por “accidente”?

En agosto de 2006, la policía arrestaba a una niña de 15 años por destrozar el mobiliario del restaurante Balti House.

Sin embargo, lo que la pequeña tenía que contar distaba mucho de lo que los oficiales esperaban: había sido maltratada y violada sistemáticamente por un grupo de hombres en dicho restaurante. Declaración que confirmaron con la aparición de restos de ADN de uno de ellos en su ropa interior.

Shabir Ahmed, líder de la banda de pederastas, y Kabeer Hassan serían arrestados… para ser puestos en libertad bajo fianza.

Así, los abusos continuaron durante los 11 meses que tardó la policía en recopilar pruebas para que finalmente un fiscal del Servicio de la Corona decidiera liberarlos sin cargos alegando que la víctima no era una testigo creíble, acusándola de haber intercambiado la ropa interior con otra chica con la que Shabir admitía haber tenido relaciones, y de haberse puesto ella misma en esa posición de riesgo (se había buscado el haber sido abusada).

Por lo que la pequeña continuó sufriendo abusos hasta mayo de 2010 -sí, 4 años más- hasta que, gracias a la presión popular, nace la Operación Span entrando en escena la detective Margaret “Maggie” Oliver, quien había llevado en 2004 la primera de este tipo de investigaciones: la “Operación Augusta”, centrada en Hulme y Rusholme.

En aquella ocasión, tras 18 meses de trabajo, la señora Oliver llegó a identificar a 26 víctimas y 97 sospechosos. Pero, de pronto, todo su trabajo fue archivado: sin detenidos, sin acusados, sin explicaciones.

Esta vez, Maggie recibió garantías de que no volvería a pasar…

En marzo de 2013, dimitía: “Me habían vuelto a usar. La historia se estaba repitiendo. La chica era un daño colateral. Era perverso. Una repetición de 2004.”

“Pasé el siguiente año llamando a todas las puertas… nadie quería saber nada. Sabía que era una corruptela, así que dimití para poder hablar claro. Creo que esto llega hasta la cima del gobierno. Sé que la Ministro del Interior -Theresa May- recibía actualizaciones diarias sobre la Operación Span. Les interesa más cubrir los errores que admitir la culpa… no se hacían ni las cosas más básicas… los testimonios de violación no se estaban grabando, por lo que tampoco los nombres de los presuntos autores”.

La “chica” a la que hace referencia, y que fuera la gota que colmó el vaso, era una de las víctimas de la banda: violada y prostituida desde los 14 años -habiendo dado a luz a un hijo de uno de ellos–, había sido coaccionada con amenazas para llevarles más niñas, siendo acusada formalmente por ello junto a sus proxenetas.

En un escrito público, Maggie sacó a la luz ésta y muchas otras irregularidades -por no decir despropósitos- como el hecho de que las autoridades tuvieran una carta de 2003 escrita por Victoria Agoglia, en la que les narraba todo lo que estaba sufriendo y sin embargo no hubo ninguna actuación policial al respecto, apareciendo muerta meses después a causa de una supuesta sobredosis, tras llevar días desaparecida.

Denunciaba además que, del total de pederastas identificados durante la operación, unos 100 continuaron libres y abusando de las niñas de la ciudad, habiendo llegado a juicio en mayo de 2012 sólo 10, resultando en 9 condenados –Shabir Ahmed, Mohammed Sajid, Adil Khan, Mohammed Admin, Abdul Qayyum, Hamid Safi, Kabeer Hassan, Abdul Rauf y Abdul Aziz- de los que 7 fueron puestos en libertad en junio de 2017: “Me escandaliza que hombres culpables de abusar de generaciones de niños durante tantísimos años sólo hayan recibido una nalgada y ahora estén de vuelta en sus vidas cotidianas, como si nada hubiera pasado. Los niños de los que abusaron nunca superarán lo sucedido”.

Y es que la mayor condena fue de 22 años al líder de la grooming gang, Shabir Ahmed “Papi”, acusado de violar a 13 niñas –a una de ellas 30 veces– así como de prostitución infantil. En 2017, estando en prisión, era nuevamente juzgado por intentar asesinar a otro preso tras escucharle decir que “los terroristas deberían ser erradicados” después de los atentados de Bruselas que dejaron 32 muertos y 340 heridos.

Ahmed vivía en Oldham, ciudad colindante con Rochdale, traficando con niñas de ambas ciudades. Hoy, la concejalía de Oldham inaugura sesión en el pleno rezando a Alá, dirigidos por su alcalde Javid Iqbal:

Quiero señalar que durante ambos juicios gustó de acusar a jueces, fiscales y jurados de ser “racistas” que empleaban sus “mentiras de blancos” para usarle de “chivo expiatorio”, mientras alegaba en su defensa que en su país “las niñas pueden querer tener sexo a los 11 años”.

El juez Gerald Clifton le devolvió la alusión racista al leer sentencia, en mayo de 2012: “Atacasteis a estas niñas porque no pertenecen a vuestra comunidad ni religión”, tras haber oído testimonios de víctimas declarando como les leían el corán, llamándolas “zorra blanca” y “coño blanco” mientras las golpeaban y violaban:

“Las chicas musulmanas son buenas y puras porque se visten modestamente, se cubren hasta los tobillos y las muñecas, y cubren el área de la entrepierna. Son vírgenes hasta el matrimonio. Ellos son nuestras niñas.”

“Las niñas blancas y las no musulmanas sois malas porque os vestís como zorras. Mostráis las curvas de vuestros cuerpos -al mostrar el espacio entre los muslos significa que estáis buscando- y por lo tanto es inmoral. Las niñas blancas duermen con cientos de hombres. Vosotras sois las otras chicas. No valéis nada y merecéis ser violadas en grupo”.

A pesar de todas estas evidencias que demuestran que la raza tuvo mucho que ver a la hora de elegir a sus víctimas, ninguno fue condenado por delito de odio. Es más, autoridades y políticos continuaron negando que se hubiesen tratado de crímenes con algún tipo de trasfondo racial; del otro lado, la periodista Julie Bindel, quién llevara desde 2006 investigando estos abusos, denunciaba que muchos editores se habían negado a publicar los resultados de sus informes tachándola de “racista”.

Es curioso comprobar cómo el problema del racismo surge únicamente si hablamos de los pederastas proxenetas pero no de las supervivientes. ¿En qué momento ha degenerado tanto una sociedad para que sea prioritario proteger los derechos de unos adultos depravados frente a los de unas niñas indefensas?

Las de Maggie Oliver no han sido las únicas acusaciones volcadas contra la ineptitud o inexistencia de atención ante este tema. A raíz de estas Operaciones -y otras tantas más que han ido teniendo lugar por todo Reino Unido-, el pueblo inglés comenzó a alzar la voz en protestas, exigiendo cambios y mejoras así como transparencia, por lo que fueron surgiendo múltiples informes solicitados por distintas figuras públicas y organizaciones gubernamentales e independientes.

La primera, la publicación de la declaración de la empleada del Equipo de Intervención de Crisis del Servicio Nacional de Salud de Rochdale, Sara Rowbotham, en noviembre de 2012, ante un Comité del Ministerio del Interior, afirmando haber dado informes a las autoridades de unas 100 niñas que estaban siendo abusadas desde antes de que diera comienzo la Operación Span, y de otras 80 mientras la Operación estaba en curso: “Me repetían que la policía no puede hacer nada si no tienes una víctima… lista para declarar”. Por denunciar todo esto, la apodaron “la chivata”. Hoy, gracias a una recogida de firmas popular, ha sido premiada con el especial reconocimiento de ser una heroína del Servicio Nacional de Salud.

Seis meses después, se emitía un informe del proceso judicial con pruebas que corroboraron las declaraciones de la señora Rowbotham de que venía alertando a la policía desde 2004 de un total de 181 víctimas; archivos policiales con los testimonios de las menores que habían pedido auxilio clasificados como “no se requieren medidas” (es decir, no hacer nada); declaraciones de tres trabajadores sociales aseverando que las niñas no habían sido violadas sino que “habían decidido hacer eso con sus vidas”; y las pruebas de que el Director Ejecutivo del Concejo Municipal, Roger Ellis, llegó a ser informado en 2010 de que al menos 62 menores estaban siendo abusadas / prostituidas, pero ante la proximidad de su jubilación decidió no hacer nada, considerándolo “un problema para el próximo director ejecutivo que venga”.

Claro que nada de esto sorprende si tenemos en cuenta que dos concejales escribieron al jurado hablando maravillas de uno de los ahora condenados, Abdul Qayyum alias “Tigre” (como hacía que le llamaran las niñas), alegando en su defensa que “había adoptado completamente el estilo de vida británico”. Qayyum era considerando un pilar básico de la comunidad paquistaní de Rochdale, así como Abdul Rauf “Darley Road”, quien era predicador (Qari) en la mezquita.

Sue Berelowitz

La Delegada de la Comisión de Menores para Inglaterra, Sue Berelowitz, también redactaba su propio informe acerca de los que estaba ocurriendo en Rochdale así como en Rotherham -en breve hablaremos de esta ciudad-, pero orientado a “desmitificar” las acusaciones contra la comunidad paquistaní británica, sentenciando que no habían evidencias suficientes para concluir que fuera un problema relacionado con sus bandas a pesar de que las autoridades habían concluido justo lo contrario.

La presión popular por dichas declaraciones forzaba su dimisión voluntaria el 30 de abril de 2015, llevándose una indemnización de 151.000€. Al día siguiente, era contratada de forma independiente como asesora externa para ocupar exactamente el mismo puesto: liderar las investigaciones sobre las familias de niños abusados. Esta vez trabajando sólo 9 días al mes, y cobrando 117.000€ anuales en lugar de los 112.000€ que ganaba de forma oficial.

En octubre de 2014, era la diputada Ann Coffey la que publicaba un nuevo informe en el que mostraba cómo la explotación sexual infantil se había convertido en una especie de “norma social”, vista con total naturalidad en varias zonas de Greater Manchester (Oldham, Rochdale, Hulme, Rusholme, etc.).

Además, corroboraba el hecho de que muchas de las denuncias estaban archivadas bajo la etiqueta de “no se requieren medidas, encontrándose otras tantas clasificadas en los papeles de la fiscalía con expresiones del tipo “lleva tops cortos” o “su propio padre la llama golfa”. Todo esto explicaría el porqué de que en los 6 años anteriores solamente el 8.3% de las denuncias presentadas en las nueve mayores operaciones contra las grooming gangs hubieran visitado alguna corte (1.078 acusados -que no condenados- frente a 13.000 denuncias).

Íntimamente relacionado, el informe señalaba que muchos de los menores no confiaban en las autoridades ni en los trabajadores sociales, por lo que el número de denuncias no reflejaba siquiera el número real de víctimas.

Tras cinco meses, 9 borradores, y dos informes previos rechazos por la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía porque “carecían de detalles” y “no cubrían áreas clave”, se hacía pública la investigación llevada a cabo por la policía de Greater Manchester. Tres años habían pasado desde que se dieran por finalizadas las Operaciones, para que al final todo quedara en amonestaciones escritas a 7 policías por mala conducta y que el citado Inspector Roger Ellis se fuera de rositas porque ¡total, ya se había jubilado!

En noviembre de 2015, es el Comisionado de los Niños por Inglaterra el que publica estimaciones escalofriantes, afirmando que de 2012 y 2014 entre 400.000 y 450.000 niños habrían sido abusados, aunque tan sólo 1 de cada 8 habría sido identificado por las agencias estatutarias.

Ese mismo mes, la jueza suprema neozelandesa, Lowell Goddard, presidente de Independent Inquiry into Child Sexual Abuse -tras las dimisiones de las dos presidentas anteriores-, anuncia que llevarán a cabo 13 (en un primer momento eran 12) investigaciones independientes en distintos puntos de Reino Unido a petición popular, dividiendo cada investigación en 5 líneas de trabajo:

  • Abusos por parte de figuras relacionadas con la vida pública (políticos, policías, etc.)
  • Abusos por parte de figuras relacionadas con educación y religión (maestros, imanes, curas, etc.)
  • Justicia penal y aplicación de la ley (fallos en presentación de casos, en defensa, en condenas, etc.)
  • Autoridades locales y organizaciones voluntarias (servicios de adopción, de acogida, policía, etc.)
  • Organizaciones de servicios nacionales (Departamento de Salud, Departamento de Inmigración, etc.)

Para ello, habían solicitado informes a 243 instituciones distintas, revelando que solamente en Rochdale el 38% de los informes policiales sobre casos de abusos a niños eran “inadecuados”, lo cual ya nos da una idea de la escasez de justicia que se estaba impartiendo en todo el territorio en relación a las grooming gangs.

“Vamos a nombrar públicamente tanto a los abusadores como a las instituciones que han fallado a los niños en su obligación de protegerles: hospitales, trabajadores sociales, policías, profesores, organizaciones religiosas, etc.”.

También han creado un espacio seguro para que los supervivientes que lo deseen puedan dar testimonio de todo lo que han sufrido no sólo con respecto a sus violadores, sino también sobre las instituciones que los desampararon. Esto incluye a aquellas víctimas que despreciaba el Inspector Neil Jamieson porque eran “casos de hace 20 ó 30 años, ofensas ocurridas en los 90”, cuyas experiencias se catalogan ahora como “abusos no recientes” en lugar de “históricos”, como se venía haciendo de forma menospreciante.

Suena esperanzador, ¿verdad?

Sin embargo, si entramos en su página web y accedemos a las 13 investigaciones antes citadas, podremos ver sus avances o conclusiones pero, curiosamente, cuando hablamos de religión sólo encontramos referencias a distintas denominaciones dentro de la iglesia cristiana como la anglicana o la católica romana.

Por cierto, al asumir dicho cargo, Goddard se convirtió en el funcionario británico con el salario más elevado. En octubre de 2016, cuando presentara su dimisión al frente del Independent Inquiry into Child Sexual Abuse tras declarar que había habido tantos abusos sexuales a menores en Reino Unido “porque tenían demasiados hombres asiáticos”, les había costado a los ciudadanos ingleses unos 5.600.000€.

Alexis Jay

Desde ese momento, es la profesora Alexis Jay -de quien hablaremos más adelante- la que toma el relevo de la IICSA, dándole un giro a las investigaciones, centrándolas más en la negligencia de las autoridades e instituciones, y advirtiendo que no espera finalizar antes de 2023.

Como dijera Peter McLoughlin, autor del libro Easy Meat: Inside Britain´s Grooming Gang Scandal, “Una víctima que tuviera 13 años en 1975, tendrá 61 para cuando el estado británico calcula ser capaz de emitir una declaración oficial acerca de lo que le hicieron”.

En mayo de 2017, la diputada Ann Coffey publicaba su segundo informe sobre Greater Manchester en el que destacaba el que las denuncias contra las grooming gangs se habían cuadruplicado en los últimos 3 años, siendo menores de 12 años una quinta parte de las denunciantes: de enero a octubre de 2016 se registraron 16.000 denuncias. El informe mostraba además que muchas de las víctimas habían denunciado en decenas de ocasiones, como el caso de una niña que había puesto 222 denuncias.

El dato más descorazonador llegó de la encuesta a víctimas de entre 14 y 15 años, donde 3 de cada 10 creían que ser abusadas y prostituidas era lo “normal”.

El 16, 17 y 18 del mismo mes, la BBC emitía una miniserie de 3 capítulos titulada “Three girls”, dramatizando, desde el punto de vista de tres de las víctimas, todo el horror ocurrido con los pederastas proxenetas así como la nefasta actuación de las autoridades y servicios sociales con respecto a ello. Posteriormente, el 3 de julio, para completar la serie emitían el documental “The Betrayed Girls” (Las niñas traicionadas).

Dos años antes, la misma cadena emitía “Stolen Chilhoods: The legacy of grooming” (Infancias Robadas: El legado de los pederastas proxenetas) centrado en Rotherham, South Yorkshire.

“Nuestra estimación a la baja es que al menos 1.400 niños en Rotherham fueron víctimas de explotación sexual durante los 16 años (en los que se centra la investigación) … Rotherham está sufriendo ahora los daños causados por no enfrentar un problema… un legado que nos avergüenza a todos”, comenzaba la periodista Alison Holt.

La cifra oficial de víctimas hoy en Rotherham es de 1.510, aunque el número aumenta a medida que la investigación “Operación Stovewood” avanza. Iniciada en 2015, se estima que continúe durante 5 años más, y está cubriendo los casos ocurridos desde 1997 hasta 2013.

Por ahora, tres años de investigación y más de 15 millones de libras invertidas sólo han servido para condenar a 18 hombres. 18 hombres de una lista de 300 sospechosos –que también continúa aumentando-, por 1.510 víctimas de las que sólo 257 han declarado todavía.

Sin embargo, los abusos no comenzaron en el 97: En 1975, los periódicos locales de Rotherham se hacían eco del juicio contra un grupo de hombres paquistaníes y árabes que habían drogado y alcoholizado a unas niñas para luego violarlas.

Nueve años más tarde, y de nuevo en Rotherham, tendría lugar el segundo juicio relacionado con las grooming gang, aunque en esta ocasión el acusado era un padre sij que había intentado vengar los abusos sufridos por sus hijas. Entre los testimonios recogidos durante la investigación de este caso, los de otros padres que, en un intento por liberar a sus pequeñas de estas bandas, habían sido amenazados por las autoridades con ser acusados formalmente por “racismo”.

Posteriormente, en 1991, diversos centros de acogida de Bradford se unieron para presentar a la policía un escrito pidiéndoles que investigaran por qué varios taxistas paquistaníes estaban llevándose a niños de los centros. La policía se negó a hacerlo, pero como continuaran insistiendo, en 1995, el gobierno británico les concedió 753.000€ dirigidos al Centro de Beneficencia de Menores Barnardo, para que ayudaran a esas “niñas prostitutas”.

En 1997, Bill Bainbridge, director de una escuela de secundaria, alertaba a las autoridades de que 4 de sus alumnas les habían contado a los profesores que estaban siendo abusadas: “Nos dijeron los nombres de los sospechosos. Nos dijeron donde las recogían con los taxis, por lo que pudimos dar a la policía y a los servicios sociales muchísima información”.

Mientras la policía aseguraba estar investigándolo, una quinta niña fue captada por la banda, por lo que el director decidió escribir una carta para advertir a los padres. Dicha carta fue filtrada a los periódicos que abrían titulares juzgando a la pequeña en lugar de a los pederastas: “Mi alumna viciosa”.

El director fue intimidado: “los servicios sociales me dijeron que había puesto a las niñas en peligro, y la policía me advirtió de que podría ser procesado por comprometer una investigación en curso”.

Dos meses después, la misma pequeña volvía a abrir titulares: “Niña de 12 años embarazada, nombra a 5 amantes”. Esta vez todo el país pudo leerlo, o lo que es lo mismo, la humillaron a nivel nacional. Los periódicos no hablaban de que una niña de 12 años no puede consentir en tener relaciones sexuales, no hablaban de que 5 adultos paquistaníes musulmanes habían abusado presuntamente de una menor. Lo que debatían era lo compleja de su vida sexual y las consecuencias de un embarazo en la juventud.

“Arrestaron a los 5 hombres que les dije. Algunos negaron conocerme. Los que lo admitieron fueron registrados como delincuentes sexuales”.

Pero las pruebas de ADN revelaron que ninguno de ellos era el padre. La policía no hizo más preguntas y la banda recuperó el control total de la pequeña más seguros de sí mismos que nunca tras la brutal indiferencia de las autoridades.

Hoy, sólo uno de ellos ha sido condenado por todo lo que le hicieron: “He pasado los años sintiendo que era culpa mía, que era estúpida por haberme puesto en esas situaciones”.

En 2002, 2003 y 2006, desde el proyecto local para jóvenes Risky Business se alertaba a la Consejería y a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, aportando listas de nombres de sospechosos, su forma y lugares de actuación, así como una lista de 268 víctimas de las que el 91% eran niñas blancas.

Y nuevamente la policía no actuó en ninguno de estos casos, desestimando los informes o directamente rechazándolos.

También en 2006, esta vez desde dentro del sistema policial, la analista Angie Heal enviaba un informe alertando de la explotación sexual infantil a 90 altos mandos policiales en 6 distritos, siendo todos puntos clave del tráfico de las menores de Rotherham. Nadie hizo nada. Además, en febrero de ese mismo año el gobierno Laboralista aprobaba la ley que criminaliza las críticas contra el islam o contra los musulmanes.

Linsay y Natalie. Dos víctimas de las grooming gangs

Hay constancia de un último informe interno, con fecha de 2007, en donde se confirma la existencia de esas redes criminales de explotación sexual de menores: “…la organización de estos grupos y el tráfico de niños está aumentando”.

“De alguna forma les ayudaban a cubrir los delitos, porque me dijeron muchas veces que ciertos oficiales de policía les ayudarían…”, cuenta una víctima.

En una ocasión, tras desaparecer durante dos días, su madre la encontró en un edificio propiedad de Shafina Ali (de la que hablaremos más adelante). Para poder sacarla de allí tuvo que pedir ayuda a un policía, Hassan Ali.

Shafina le dejó entrar y Hassan se limitó a decirle a la niña que saliera. El edificio estaba iluminado con antorchas porque no tenía electricidad. Todo sucio y vacío. Sólo había un colchón en medio del suelo de una sala pequeña. Sin embargo, Hassan no mostró ningún interés por el hecho de encontrar a una niña de 12 años, que llevaba desaparecida 2 días, en esas condiciones: “Sólo preguntó si queríamos un taxi”.

La pequeña había sido secuestrada y abusada por múltiples hombres durante esas 48 horas.

Cuando la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía comenzó a estudiar acusaciones contra 53 oficiales por presuntos fallos en los casos de explotación de menores de Rotherham, Hassan Ali tenía 4 quejas en su contra.  Entre ellas, haber ofrecido dos citas a una víctima de abusos siendo el oficial al mando de su caso y siendo ella menor de edad; y haber arreglado un acuerdo de inmunidad –junto a un taxista– con Arshid Hussain (uno de los líderes de la banda) a cambio de que Hussain les “prestara” una niña.

Ese taxista era Jahangir Akhtar quien luego se convertiría en vicepresidente de la Concejalía de Rotherham, y que fue obligado a dimitir acusado por dicha niña. La víctima no solo le identificó como “Mr Akhtar, el concejal”, sino que además señaló que cuando tuvo lugar el abuso era taxista, y que era pariente de Hussain (primos segundos), lo que facilitó una acusación formal en su contra.

En enero de 2015, Hassan moría atropellado antes de poder declarar, en lo que las autoridades calificaron como “un desgraciado accidente”.

Otras quejas involucran a todos los oficiales de turnos concretos, como son los casos de las comisarías de Bristol y South Yorkshire. Una noche de 2001, recibían la llamada de un trabajador nocturno de Bristol que se encontraba con dos niñas aterradas que afirmaban ser de Rotherham y haber sido llevadas a Bristol en contra de su voluntad por unos pederastas que querían prostituirlas, pero afortunadamente habían logrado escapar.
Por toda respuesta le dijeron que no pensaban pagarles los billetes de tren de vuelta a las niñas.

Eran dos víctimas más de Shafina Ali: “Vestía ropas paquistaníes. Era muy amigable y me trataba como a un adulto”, recuerda una de ellas.

Convertida al islam durante la década de los 90, Shafina abrió un centro de ayuda para víctimas de violación en Sheffield, así como una línea de ayuda telefónica. Así conocía a menores vulnerables a las que llevaba a su centro para luego entregárselas a las bandas.

En 1999, cerró ambos servicios y comenzó a trabajar de teleoperadora de taxis, desde donde daba órdenes a pederastas que ejercían de taxistas para recoger niñas. Incluso intentó abrir una empresa de servicio de transporte para escuelas. Afortunadamente, no lo consiguió.

Servicios Sociales advertiría sobre ella a la policía en 2001. Una vez más, nadie hizo nada.

Shafina tenía también un edificio en propiedad que usaba para retener y prostituir a las niñas. Su estrategia comenzaba utilizando a otra menor como señuelo: haciéndola pasar por su hija, se presentaba en las casas de sus objetivos y pedía permiso a los padres para que dejaran a sus hijas ir a jugar con “la suya”.

Ya en su edificio, las iba enganchando al alcohol añadiendo drogas en las copas… hasta que las niñas se volvían adictas. En ese momento, empezaba a reclamarles “un pago” por lo consumido y las entregaba a los hombres.

En una ocasión, un padre desesperado consiguió que la policía le ayudara a buscar a su pequeña de 13 años tras llevar 10 semanas desaparecida. La encontraron en el edificio de Shafina. Sin embargo, las autoridades no le permitieron llevarse a su hija alegando que la niña (menor de edad) no quería irse de allí…

“Debí insistir hasta llevármela de allí” – llora su padre – “cuando me levanto por las mañanas y me miro al espejo no puedo soportar pensar que la dejé allí.”

Lo último que se supo de Shafina fue que falleció en 2009. Muchas supervivientes no pudieron disimular el alivio al saberlo. Sentían que había algo de justicia en ello.

Desgraciadamente, otra mujer ocuparía su posición en la cadena de traficantes: Karen MacGregor.

Karen también trabajaba de teleoperadora para una empresa de taxis, propiedad de Qurban Ali, que usaban para secuestrar a las pequeñas. Ambos serían condenados en febrero de 2016 junto a Arshid Hussain.

En 2013, Karen creaba el grupo de apoyo comunitario KinKids como un “refugio seguro” donde ayudar a los adolescentes con problemas, convirtiéndose en un miembro muy respetado de la comunidad. Desde allí, y junto a Shelley Davis (también condenada), apoyaban a las familias cuyos hijos habían sido víctimas de las grooming gangs, llegando a vender pulseras con la inscripción “Justicia para los 1.400”, haciendo referencia al número de víctimas que por aquel momento estimaban las autoridades.

Karen llegó a dar charlas públicas acerca de la protección del menor y de cómo prevenir que fueran abusados…

Mientras tanto, la fundación recibió donaciones y apoyo de la Consejería local, e incluso del congresista John Healey.

Karen MacGregor y Shelley Davies

En el juicio se descubrió que acogía a las niñas en el centro -ahora conocido como “La casa de Hansel y Gretel”- para luego prostituirlas mediante coacción, diciéndoles que era el pago por darles alojamiento, ropa y alimento. Era muy simple: si las niñas no aceptaban tener relaciones con los hombres, no comían.

Una vez más, todo esto podía haberse evitado si las autoridades, los Servicios Sociales y la Concejalía hubieran prestado atención a sus obligaciones para con los menores pues KinKids, a pesar de ser una organización benéfica, no estaba registrada en la Comisión de Caridad y su línea de ayuda telefónica era el número de teléfono móvil personal de Karen.

De hecho, bastaba con haber preguntado a cualquier persona relacionada con el voluntariado o sector de la caridad local para descubrir que nadie había oído hablar de ella. Presumían de celebrar reuniones con una participación de hasta 300 personas, pero nadie de la comunidad había asistido o recibido una invitación, y cuando alguien de otra organización benéfica recibía una invitación y confirmaba su asistencia, el evento era cancelado. Pero, a pesar de todo esto, recibía fondos gubernamentales.

Si todo lo ocurrido en Rotherham acabó explotando fue gracias al periodista Andrew Norfolk quien, en 2012, tras casi un año de investigación, publicaba un artículo en The Times en el que demostraba tanto que las bandas de pederastas actuaban por toda la ciudad, como el hecho de que policía y Concejalía lo sabían desde hacía al menos 10 años.

Las entrevistas de Norfolk a varias de las víctimas pusieron en tela de juicio todo el entramado social del que supuestamente dependía el bienestar de los menores, exponiendo casos como el de una menor de 14 años detenida por desorden público tras gritar pidiendo auxilio, y ser encontrada por la policía en una vivienda, atada y alcoholizada, mientras cinco hombres abusaban de ella. Los hombres ni siquiera fueron cuestionados. Ella fue detenida por escándalo público.

U otra niña de 15 años, con una botella de cristal rota en el interior de su vagina, después de haber sido violada con ella, que fue atendida por los servicios sanitarios sin que le hicieran preguntas ni informaran a las autoridades.

Pero sin duda, la mayor polémica que generó el reportaje de Norfolk fue el caso de las hermanas Sarah y Laura Wilson, de 15 y 11 años, quienes, tras descubrir sus padres que eran víctimas de abusos, pidieron ayuda a la Concejalía de Rotherham, desde donde decidieron entregarlas a los asuntos sociales para protegerlas, resultando en que los trabajadores del centro donde las internaron, Risky Business, continuaron entregándolas a su agresor, el anteriormente citado Arshid Hussain.

Concretamente Laura había sido clasificada como una niña en muy alto riesgo de ser abusada debido a su bajo cociente intelectual (IQ 56).

Así mismo, su caso aparecía en la investigación penal que llevaría a prisión a los cinco primeros condenados por abuso y explotación sexual infantil en el primer juicio contra grooming gangs de Rotherham, en noviembre de 2010.

Laura Wilson con su hijo, fruto de los abusos

Un mes antes, el cadáver de Laura Wilson aparecía en el Támesis. Tras 6 años de abusos, y haber dado a luz a un bebé de uno de sus violadores, Ashtiaq Ashgar la asesinaba con un ensañamiento brutal, como mostraban las 40 puñaladas que recorrían su cuerpo. Tenía 17 años.

Cuando el periodista accedió a la revisión del caso de Laura, publicado por la Concejalía bajo orden expresa del Gobierno, se encontró con que, de las 144 páginas redactadas, 61 estaban censuradas. Así que no cejó en su empeño hasta tener acceso al informe original. Momento en el que la Concejalía recurrió al Tribunal Superior para impedir que se publicara.

Sin embargo, Norfolk puso en conocimiento del Secretario de Educación, Michael Gove, que lo que se había censurado en los archivos era la etnia y religión de los sospechosos (paquistaníes musulmanes), la mención de Laura en la investigación que dio lugar al primer juicio, y la participación de la Concejalía en su cuidado.

Gove acusó a la Concejalía de haber ocultado deliberadamente “material relevante e importante”, por lo que se vieron obligados a retirar su solicitud al Tribunal y permitir que la información se publicara.

Todo esto obligó a la Concejalía de Rotherham a autorizar una investigación independiente que fue liderada por la ya mencionada profesora Alexis Jay -quien hoy preside las investigaciones de abusos a menores del Independent Inquiry into Child Sexual Abuse-, publicando los resultados en 2014, y dejando a toda una nación con el corazón roto al confirmar oficialmente que al menos 1.400 niñas habían sido usadas como esclavas sexuales con el consentimiento tácito de la policía, los Servicios Sociales, hospitales, centros de salud, jueces, agentes de protección del menor, medios de comunicación y varios ayuntamientos.

En su informe, Jay destacaba el hecho de que el 91% de las víctimas fueran de raza blanca, siendo niñas en su mayoría, y no ocultó que el 80% de los pederastas eran paquistaníes musulmanes. 

“Es difícil describir la naturaleza atroz de los abusos que sufrieron las niñas. Fueron violadas en grupo, víctimas de la trata a otros pueblos y ciudades de Inglaterra, secuestradas, golpeadas e intimidadas… Fueron violadas al menos una vez al día durante años.”

Jay exponía horrorizada como niñas de 11 años habían sido amedrentadas con pistolas; amenazadas con ser quemadas vivas, tras ser rociadas con gasolina; obligadas a presenciar brutales violaciones a otras niñas…

Todo esto desembocó en una nueva investigación dirigida por Louis Casey, pero esta vez respecto a la Concejalía de Rotherham y las autoridades.

La publicación del informe de Casey y su equipo, en febrero de 2015, precipitó la caída de varios cargos políticos empezando por el Ejecutivo Jefe de la Concejalía, Martin Kimber, que fue presionado para que dimitiera antes de la convocatoria de elecciones anticipadas que se había dispuesto. Eso sí, se llevó los 3 meses de sueldo que le faltaban de regalo: 29.875€. Su antecesor en el cargo, Ged Fitzgerald, quien fue acusado de destruir informes de denuncias de los abusos, es el actual Ejecutivo Jefe de la Concejalía de Liverpool.

La concejala de Servicios Infantiles, Joyce Thacker, quien se marchaba con mucho pesar y 45.000€. Y al igual que en el caso anterior, su predecesora en el cargo, Sonia Sharp, quien ejerciera desde 2005 hasta 2008, hoy es educadora en Australia, continuando con menores a su cuidado como si nada hubiera pasado.

Jackie Wilson, gerente entre cuyas responsabilidades se encontraba la protección del menor, ahora asesora al director de la Concejalía de Donaster en asuntos de menores y familias por 100.000€ anuales.

Y qué decir de Shaun Wright, que se jubilaba – por exigencia directa de Theresa May – anticipadamente, pero quedaba cobrando la pensión completa.

Curiosamente Wright había sido Concejal de Menores hasta 2010, de donde pasó a ocupar un asiento en la Autoridad Policial (es un cargo que se encarga de vigilar las investigaciones policiales) hasta 2012, cuando pasó a ocupar el cargo recién creado de Comisionado de Policía y Crimen, cuya tarea era asegurar la eficiencia del cuerpo policial, teniendo bajo su mando incluso a los comisarios.

En 2014, Sarah Wilson se encaraba con él exigiendo su dimisión: “Estás sentado ahí, conservas tu trabajo: ¿Cómo te atreves? ¡Deberías irte, deberías largarte! ¡Dejaste que mataran a mi hermana! ¡Dejaste que abusaran de nosotras!”

Luego le tocó el turno a Roger Stone, Líder de la Concejalía, que dimitía entre protestas ante lo que el calificaba de “caza de brujas”, junto con los concejales Gwendoline Russell y Shaukat Ali. Todos ellos fueron expulsados del Partido Laboralista.

Recordemos que el vicepresidente de la Concejalía, Jahangir Akhtar se vio obligado a dimitir acusado de haber violado a una de las menores en un acuerdo con su primo Arshid Hussain, líder de la grooming gang de Rotherham, y con el policía Hassan Ali.

Si bien las víctimas sintieron cierto alivio al saber que ya no tendrían que lidiar más con aquellos que las habían ignorado, vilipendiado y despreciado, definitivamente, es una vergüenza que no haya habido castigos ejemplares para los funcionarios. Más aún si tenemos en cuenta:

  • Que la investigación confirmó que 30 concejales sabían lo que estaba pasando con las grooming gangs y las niñas desde 2005 hasta el punto de que, como ya hemos visto, uno de ellos incluso ha sido acusado formalmente de abusar sexualmente de una de las menores antes de convertirse en concejal.
  • Que cualquier empleado de la Concejalía que se negase a ocultar lo que estaba pasando o que se atreviera a señalar a los paquistaníes como responsables, era intimidado y despedido.
  • Que se pagó el silencio de organizaciones dependientes de la Concejalía (Servicios de Menores, entre otros) con fondos de la misma, así como con promociones y eventos. Obteniendo justamente lo contrario aquellos que se convertían en una “molestia”, como fuera el caso de Risky Business, que tras remitirles múltiples quejas e informes, habiendo identificado a 1.700 niñas abusadas y prostituidas solamente entre los años 1999 y 2011, fueron obligados a cerrar su centro.

Por no hablar de la negación total de apoyo y justicia a las propias víctimas, como la propia Casey experimentó cuando un concejal se atrevió a decir a su equipo que los paquistaníes eran en realidad las víctimas en todo esto, habiendo sido “engañados” por niñas que “vestían de forma demasiado moderna para parecer más adultas” y así seducirlos.

Respecto a la policía, y más allá de los depravados que aceptaron niñas como forma de pago por su silencio (Daniel Cookson y Hassan Ali), los testimonios y denuncias de las supervivientes desembocaron en una inspección interna –“Operación Linden”-, que por el momento enfrenta a 33 oficiales contra 98 cargos por mala conducta.

Fui a las autoridades con mis padres… En el momento de decir los nombres de mis agresores, me hicieron sentir que era racista… Tanto los agentes como los trabajadores sociales me repitieron en numerosas ocasiones que no mencionara su raza.

“Mis agresores me hicieron sentir que yo era la culpable, y ellos (policías y trabajadores sociales) alimentaron ese sentimiento… que ellos (los pederastas) no tenían un problema sino que lo tenía yo.”

Eran las declaraciones en directo de una superviviente que llamaba al programa de radio de Katie Hopkins, LBC, en mayo de 2017. Tenía 13 años cuando comenzó su infierno. La primera vez, a manos de 9 hombres.

Durante un tiempo guardó las ropas que llevaba en cada ocasión en que fue violada, entregándolas como prueba de ADN a la policía. Un día recibió una llamada de comisaría en la que le informaban de que lamentablemente las habían “perdido”, pero que la indemnizarían con 160€.

Tras un año de abusos y amenazas, habiéndolo denunciado hasta al congresista de su distrito y al Secretario de Estado en vano, y con la enfermedad de las grooming gangs expandida cual epidemia por todo el territorio inglés, la familia optó por la única solución posible: mudarse a España.

Otras víctimas también han hallado consuelo al plasmar por escrito el horror que sufrieron. Kate Elysia contaba en No Way Out (Sin salida) como la violaron más de 70 hombres, llegando a convertirla al islam y casándola con un hombre sirio: “Los abusos se convirtieron en algo tan habitual que ya no parecían abusos sino algo normal en la vida. Los hombres paquistaníes que conocí me hicieron creer que no era más que una mierda, una puta blanca… Para ellos, yo no era un ser humano, era basura”.

Definitivamente, los niños británicos han pagado un precio demasiado alto por una multiculturalidad que no habían elegido.

No así los funcionarios responsables de su protección, quienes a todas ver han incurrido en un delito de omisión del deber de impedir el mismo, así como en un delito de encubrimiento de abuso sexual de menores.

El afamado periodista Douglas Murray escribió un magnífico artículo sobre ello centrándose en el caso de Joanna Simons a modo de ejemplo.

Negándose a dimitir cuando explotó el asunto de las grooming gangs en Oxforshire, en 2013, quien fuera directora ejecutiva del Consejo de dicho condado desde 2005, consideró que subir a internet un vídeo de disculpa de 48 segundos de duración era más que suficiente para los 373 menores -50 de ellos niños- que las bandas habían violado y prostituido durante los años de su mandato mientras las súplicas de las familias habían caído en saco roto.

Y no es de extrañar que no dimitiera: contaba con un salario anual de 291.634€ (129.508€ más que la Primer Ministro, Theresa May).

Sin embargo, la Operación Bullfinch reveló que tanto la policía, los trabajadores sociales, así como varios concejales sabían de los abusos desde 2005, habiéndolos ignorado deliberadamente por lo que, presionada por un lado y por otro, acabó dimitiendo en 2015… para dos años después anunciar su nombramiento como Presidenta de la Junta Directiva de la organización de promoción turística “Experience Oxfordshire”. ¡Así es! De vuelta al condado al que tanto daño hizo, y nuevamente en una posición privilegiada.

La triste realidad es que hoy, mientras escribo esto, continúan las investigaciones por todo Reino Unido, a la par que desgraciadamente también continúan los abusos. El número de víctimas sigue aumentando, así como el de sospechosos, con una media de 420 detenciones al mes. Por el contrario, el número que apenas cambia es el de condenados.

Distintos operativos se han desplegado por cada rincón del país: Engage, Augusta, Stovewood, Span, Doublet, Retriever, Chalice, Dalesway, Sanctuary, Central, Shelter, Bullfinch, Nautical, etc., en un intento no sé si de hacer justicia, pero al menos de tapar la vergüenza de aquellos cuya principal tarea -en algunos casos, la única- era proteger a los más vulnerables, y que han fallado a toda una nación.

Sus “errores” se extienden desde Tyne and Wear hasta Devon. Desde Kent hasta Lancashire.

Keighley suma ya 179 víctimas, de las que sólo 2 vieron algo de justicia cuando 12 hombres fueron condenados.

Otras 100 supervivientes en Derby, aunque sólo 9 hombres en prisión.

Newcastle ya pasa de las 700. Pero, de 67 sospechosos, sólo han condenado a 18 (uno de ellos, una mujer).

Y así continúa una lista interminable que ya abarca 80 ciudades sólo en Inglaterra, con casi 1 millón de víctimas violadas sádicamente. La más joven, de 8 años. La mayor, de 16.

Fueron mordidas, asfixiadas, quemadas con mecheros y cigarros, golpeadas con bates de beisbol, torturadas con cuchillos de carnicero y con navajas, orinadas encima, penetradas vaginal, oral y analmente, penetradas con objetos como botellas rotas de cristal…

Grabadas en vídeo y fotografiadas mientras eran violadas en grupo, o filas de hombres esperaban su turno con ellas. ¡19 hombres violaron a la misma niña en una sola noche!

“92”, “101”, “74”, “177”, “perdí la cuenta” … la cantidad de hombres que estuvieron con cada niña.

Fueron contagiadas de gonorrea y clamidia.

Algunas quedaron embarazadas, dando a luz con tan sólo 11 años. A otras les practicaron abortos clandestinos.

En Oxford les marcaban la nalga con la inicial de su “dueño”, vendiéndolas por 450€ la noche. En las paredes de un aparcamiento de Keighley cualquiera podía leer “Esquina de…”, seguido del nombre de la niña.

Luego está la lista de nombres de las que fueron asesinadas: la joven que se suicidó tras ser vilipendiada por siete abogados; Lucy y Sarah Lowe, quemadas vivas junto a su madre; Becky Watson, víctima de una “broma”; las supuestas sobredosis que se llevaron a Vicky Round y Victoria Agoglia; las 40 puñaladas que acabaron con Laura Wilson; y Charlene Downes, despedazada y servida como comida en un kebab por Ilyad Albattikh y Mohammed Reveshi, quienes no solo fueron declarados inocentes en el juicio -después de explicar entre risas como lo habían hecho-, sino que además recibieron una indemnización de 286.000€ cada uno. Y todo por una serie de “errores policiales”, como el no presentar las grabaciones de las cámaras del establecimiento como prueba, tras negarse a revisarlas si quiera.

Tras la condena del 12 de junio de 2018 en Oxford, la cifra de hombres condenados por toda esta barbarie imperdonable es de 325, de los que 283 son musulmanes, lo que supone el 89% de los condenados.

Algunos de sus nombres: Mohammed Zackriya, Abid Mohammed Saddique, Irfan Ahmed, Hamza Ali Saleem, Faisal Nadeem, Saqib Raheel, Mohammed Imran Ibrar, Muhyadeen Osman, Mowled Yusuf, Yaseen Amini, Shahzad Masood, Kadir Hussain, Shakil Chowdhury, Mohammed Karrar, Moinul Islam, Idleh Osman, Abdirashid Absulahi, Tariq Hussein, Taimoor Khan, Yasir Ali, Mohamed Saleh, Nazakat Mahmood, Munwar Khan, Saiful Islam, Osmon Koroma, Mohammed Sheikh…

“Las mujeres blancas son buenas sólo para una cosa: para que hombres como yo nos las follemos y las usemos como basura. Es para lo único que valéis las mujeres como tú”, declaraciones de Badrul Hussain a una inspectora blanca.

“Me llamaba zorrita blanca y bastarda blanca”, testimonio de una víctima de Keighley.

“Allahu Akbar”, gritaban riendo dos miembros de una banda de pederastas de Rotherham al ser condenados por abusar de una niña durante años.

“Me obligaban a comer halal”, narraba Sammy Woodhouse, quien dio a luz a un hijo a los 15 años, y hoy lucha por implementar la “Ley Sammy” para proteger a los menores, además de encontrarse en luchando para evitar que el pederasta que la dejó embarazada, Arshid Hussain, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 35 años de cárcel por 23 cargos de pederastia, tenga derechos sobre su hijo.

Pero esto no es lo más cruel de la noticia pues el hecho es que no ha sido Hussain el que ha solicitado ver al pequeño, quien ni siquiera lo ha reconocido, sino que ¡se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Rotherham!

Podéis apoyar a Sammy haciendo clic aquí y firmando su petición: “Evitemos

Sin embargo, medios de comunicación, políticos, activistas y jueces siguen defendiendo que no hay relación entre la raza de la víctimas ni la raza de los criminales, así como tampoco hay relación con el islam. Ellos hablan de “asiáticos”.

Esto llevó a que, en 2015, la Federación Sij de Reino Unido publicara un manifiesto exigiendo que dejasen de usar la palabra “asiáticos” para referirse a las grooming gangs, pues ensuciaba la imagen de las demás comunidades de dicho continente, añadiendo que ya se había hecho suficiente daño en nombre de la corrección política: “Si los hombres que han sido declarados culpables de perpetrar los abusos eran musulmanes paquistaníes, así es como han de ser llamados y no asiáticos”.

Taj Hargey, imán de la Congregación Islámica de Oxford, declaraba: “Raza y religión están intrínsecamente ligados a esta oleada de bandas de pederastas, en que hombres musulmanes han atacado a niñas blancas.”

“La visión de algunos predicadores islámicos hacia las mujeres blancas es espantosa. Animan a sus seguidores a creer que son promiscuas, decadentes y sórdidas, pecados aún más graves si tenemos en cuenta que no son musulmanas. Su forma de vestir, desde la minifalda hasta el top sin mangas, es considerada el reflejo de su impureza e inmoral. Según ellos, esas mujeres blancas merecen ser castigadas por su comportamiento a través de la explotación sexual y la humillación”.

Desde 2016, Naciones Unidas califica de terrorismo los abusos sexuales a manos de islamistas, pero sólo cuando son cometidos en países asiáticos y africanos. Lo llaman “Violencia sexual relativa a un conflicto”, definiéndolo como un término que “refiere a violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada, matrimonio forzado y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable perpetrada contra mujeres, hombres, niñas o niños que está directa o indirectamente vinculado a una conflicto”. A excepción de la palabra “conflicto”, los niños ingleses han sufrido todas las definiciones enumeradas.

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, declaraba: “La violación y la violencia sexual en conflicto son tácticas de terrorismo y guerra, utilizadas estratégicamente para humillar, degradar y destruir, y frecuentemente persiguen una campaña de limpieza étnica.”

¿Sabe qué señor Guterres? Estoy de acuerdo. Los miembros de las grooming gangs, al igual que ustedes, persiguen una campaña de limpieza étnica. Por ello están dejando que esta pandemia se extienda por todo el continente europeo a la par que nuestros líderes pretenden que los hijos e hijas de Europa sigan poniendo la otra mejilla en pro de lo políticamente correcto, calificando de racistas y xenófobas a las civilizaciones del Viejo Continente que están optando por gobiernos que cierran fronteras y expulsan a los invasores.

Y es que, cuando el multiculturalismo, la correción política y la Sharía se encuentran, los niños son usados como esclavos sexuales. 

“…te preguntas ¿por qué está creciendo la extrema derecha?”

“Cuando silencias a esas voces razonables, que intentan mantener una conversación racional en torno a los hechos, cuando llamas a esas voces anti-musulmanes, islamófobas, fanáticas o racistas, y esas voces se sienten intimidadas por hablar, el resultado son los extremos; ese es el momento en que esas opiniones extremistas se sitúan en vanguardia.”

“Esa es la consecuencia de esos bienhechores que intentan ser políticamente correctos”, Maajid Nawaz, fundador de Quilliam Fundation, militante del partido Liberal Demócrata y ex islamista radical.

Fuente: https://www.elespañoldigital.com/las-hijas-de-las-manadas-de-gran-bretana/