¿Preparan PP, PSOE, UPyD y CiU un golpe de estado bajo la forma del TTIP?

Nuevo golpe al estado, por favor escucha este video hasta el final. Que intenciones tienen el Pp, Psoe, Ciu y Upyd con el tratado internacional TTIP. ¿Preparan PP, PSOE, UPyD y CiU un golpe de estado?

PP y PSOE son los mismos, y se les ve el plumero en acciones como esta:

Hace un tiempo publicamos en http://www.falsasbanderas.com que álgo olia muy mal en el accidente de Santiago, tenia toda la pinta de un accidente provocado.

http://falsasbanderas.wordpress.com/2013/07/25/el-descarrilamiento-del-tren-de-santiago-otra-falsa-bandera/

Al tiempo el PP se opuso a que se abriera una investigación, hecho que mosquea aun más.

Y ahora el PSOE apoya al PP para que no abran ninguna investigacion a respecto.

Blanco y en botella:

El PSOE se alinea con el PP para evitar una comisión de investigación sobre el accidente de Santiago

La dirección del Grupo Socialista decide abstenerse en la votación de la moción de la Izquierda Plural, que pide también una moratoria en la construcción de las líneas de alta velocidad

En Valencia, los socialistas sí exigían una investigación sobre el accidente del metro

 

El PSOE se abstendrá en la votación de una moción de la Izquierda Plural sobre la creación de una comisión de investigación del accidente del tren Alvia ocurrido este verano en Galicia en el que murieron 81 personas. El debate se celebra este miércoles pero la votación se ha retrasado al jueves. No habrá sorpresas y la propuesta será tumbada por la mayoría absoluta del PP y los votos en contra de CiU y PNV.

Los socialistas, que cuando gobernaban fueron los responsables del cambio de trazado de la línea siniestrada, coinciden con el PP en que hay esperar a ver los resultados de la auditoría interna que ha encargado el Ministerio de Fomento y en el dictamen que elabore la subcomisión abierta en el Congreso. A la Izquierda Plural no le parece suficiente y quiere “llegar hasta el final” para ver si hay “responsabilidades políticas” derivadas del accidente. UPyD apoyará la moción al igual que el BNG y Compromís.

La postura del PSOE ha levantado controversia interna porque entra en colisión con la beligerancia que el partido ha adoptado en Valencia, donde han pedido la reapertura de la comisión que investigó el accidente del metro, en el que en 2006 fallecieron 43 personas, y sobre el que ven “paralelismos” con el accidente de Galicia. Incluso han alabado la decisión del juez de imputar a los responsables de Adif, lo que a su juicio “deja en evidencia a la justicia valenciana”.

Precisamente, ese caso fue sacado a colación por el portavoz de Comprimís, Joan Baldoví, en su turno de intervención de este miércoles para lamentar que el PP no quiera esclarecer las causas de ambos siniestros en los que cree que han quedado muchos “puntos oscuros”.

Los socialistas también se abstuvieron en el Parlamento gallego cuando en septiembre Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y el BNG presentaron una iniciativa similar. Entonces, el PP y el PSOE coincidieron prácticamente en los mismos argumentos: rechazaron la propuesta escudándose en que las competencias en materia ferroviaria son “exclusivas del Estado” y  en que el Parlamento gallego “no tiene potestad legal” para poner en marcha una investigación de ese calibre de la que ya se encarga Fomento. Los nacionalistas gallegos les sacaron los colores al acusarles de tener “un pacto oculto” para tapar posibles negligencias dado que el trazado inicial del tren de alta velocidad de la línea Ourense-Santiago – donde descarriló el Alvia- fue modificado por el anterior Gobierno del PSOE, con José Blanco de ministro de Fomento.

La moción de la Izquierda Plural, que defendió en el pleno la diputada Ascensión de las Heras, pide en un primer punto la apertura de una comisión de investigación para esclarecer las causas del accidente de Angrois, “para dirimir las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de la presunta falta de diligencia para garantizar la seguridad en el tramo donde ocurrió el siniestro”. En un segundo punto, solicita que se establezca una moratoria en la construcción de las líneas de alta velocidad hasta que se conozcan los resultados de los estudios e investigaciones que se están realizando sobre la seguridad de nuestra red ferroviaria tanto a través de una auditoría como por parte de una subcomisión abierta en el Congreso en el seno de la Comisión de Fomento.

Las razones del PSOE

Durante el debate, el portavoz del PSOE,  Rafael Simancas, aseguró que aunque su grupo está de acuerdo con el fondo de la propuesta y la necesidad  de estudiar las causas del accidente, difiere en “el método” ya que no ven necesario abrir en el Congreso una comisión parlamentaria porque las causas del siniestro y la seguridad de nuestros ferrocarriles son asuntos que ya están siendo investigando por el Ministerio y una subcomisión del Congreso.

Simancas también rechazó el punto dos de la moción de establecer una moratoria en la construcción de alta velocidad hasta que se conozcan los resultados de estos trabajos porque cree que no hay motivos para no continuar “con la modernización” y mejora del sistema ferroviario, que cree que es “seguro”.

La portavoz del PP, María Concepción Santa Ana, llegó a calificar de “gravísima irresponsabilidad” la propuesta de la Izquierda Plural de paralizar la construcción de las líneas de alta velocidad.

UPyD, BNG y Compromís la apoyarán porque creen que hay que esclarecer hasta las últimas consecuencias un accidente que segó la vida de cerca de un centenar de personas y que a juicio de los portavoces de estos grupos se pudo “evitar”.

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/PSOE-PP-Comision-Investigacion-Angrois_0_186532024.html

El Gobierno entrega millones al Vaticano sin el control de la Intervención del Estado

El diputado socialista Juan Moscoso.

Entre exenciones fiscales, subvenciones, transferencias anticipadas a cuenta del 0,7% del IRPF, sueldos y compensaciones al culto y clero, la Iglesia Católica recibió unos 9.000 millones de euros del Estado el 2011, tercer año de la depresión. Es la estimación que consignó el dirigente de Izquierda Unida, Cayo Lara, en una pregunta al Gobierno sobre el trato de favor a la cúpula episcopal. La pregunta fue contestada pro forma: todo está en los acuerdos y los Acuerdos con la Santa Sede son sagrados. Ahora el PSOE anuncia “una ofensiva parlamentaria para que el Gobierno aclare el coste de los privilegios de la Iglesia”. La iniciativa responde a un mandato del último congreso del partido, que eligió a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general y reclamó la revisión de los acuerdos con el Vaticano.

De un partido que ha ejercido el gobierno hasta hace un año se esperaba cierta profundidad relacionada con los millones de euros que, año tras año, el Ejecutivo entrega directamente a la Iglesia de Roma sin fiscalización ni control del Parlamento español, de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas del Reino, órgano carpetovetónico, de cámara lenta y agua pasada. Pero ni una alusión a esas entregas de dinero opaco, sin fiscalización oficial, que algunas fuentes estiman en no menos de tres millones de euros al año, aparece en la iniciativa socialista.

¿Cuál es el destino de los recursos que obtiene el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su embajador ante la Santa Sede, por el patrimonio inmobiliario español a nombre de la Obra Pía, situado en “la almendra” de la ciudad de Roma? Estamos hablando de cuarenta edificios con 190 viviendas, 67 bajos comerciales, varias oficinas, locales y garajes en el corazón de la capital italiana (Plaza Nabona y Plaza de España), una de las zonas más cotizadas de Europa, en la que el alquiler de una vivienda frisa los 6.000 euros mensuales.

El secreto envuelve las normas de funcionamiento de la famosa Obra Pía en Roma. Las que dictó el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer en 1940 y las que actualizó Josep Piqué en 2001 como ministro de Asuntos Exteriores de Aznar se han clasificado como secreto de Estado. La fundación canónica Obra Pía que cubre el valioso patrimonio de la época imperial, salvado en el siglo XIX por la Corona española de la desamortización de Garibaldi, ni siquiera ha tenido personalidad jurídica ni ha estado registrada como fundación eclesiástica en España. La administración del patrimonio es ejercida por el embajador ante la Santa Sede con una junta de funcionarios y tres sacerdotes.

El corresponsal diplomático del diario El País, Peru Egurbide, fallecido en junio de 2007, explicó en su día cómo el embajador español ante el Vaticano gozaba de una situación privilegiada como administrador del cuantioso patrimonio y era, por ello, uno de los más cortejados socialmente en Roma, donde nunca faltaban un cardenal, una princesa o un senador en busca de un piso céntrico, noble y barato para sí, para un amigo o para una sobrina que se casa.

El poder inmobiliario y la capacidad de hacer favores contribuye a explicar en cierto modo que la sucesora del exalcalde de A Coruña, el vaticanista del PSOE Francisco Vázquez, en la embajada ante la Santa Sede, la diplomática María Figa, permaneciese menos de un año en el cargo; en cuanto el PP llegó al Gobierno, nombró a una persona de mayor confianza, un diplomático que colaboró con la dirección del partido, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.

Después de la crisis de favores y enchufes que se vivió al comienzo de la década pasada en la Obra Pía, Exteriores introdujo cierto orden y el embajador y presidente de la junta de la Obra quedó obligado a presentar el presupuesto y los resultados anuales al subsecretario del Ministerio, así como una auditoria externa cada año. Pero la Obra continúa en un limbo jurídico que impide a la intervención de Hacienda controlar sus cuentas. Y, por su parte, el Estado italiano no reconoció su personalidad jurídica hasta que, a mediados de los años noventa, una sentencia derivada de un litigio fiscal se la otorgó.

A pesar de que ese régimen puede recordar por un momento el del poblado chabolista de la Cañada Real Galiana de Madrid, la Obra Pía es en realidad una gran agencia inmobiliaria con una recaudación anual de más de seis millones de euros en alquileres de viviendas y locales comerciales en la zona más turística de Roma. ¿A quién benefician esos recursos? Descontados los gastos, ¿qué cantidad exacta se entrega anualmente al Papa? El exembajador Vázquez y antepenúltimo inquilino del Palacio de Monaldeschi, en cuya restauración del patio principal, escalinata y artesonado, invirtió 700.000 euros, se mostró “orgulloso” de haber establecido unas normas “garantizando la transparencia” de la fundación canónica.

En una entrevista de despedida a la revista católica Vida Nueva, Vázquez dijo que había dotado a fundación canónica de “una gran salud financiera”, con más reservas que presupuesto, lo que le permitía cumplir sus fines que son, dijo, atender las necesidades de la Iglesia española en Roma y formar a los eclesiásticos españoles que van a estudiar a Roma. “Estoy, además, particularmente orgulloso de haber creado una residencia para los sacerdotes jubilados en esta capital”, concluyó. Sin embargo, no desveló las entregas que le tocó realizar al Vaticano.

Ahora la “ofensiva parlamentaria” del PSOE deja al margen el proceloso asunto y se concreta en una docena de preguntas, a cargo del diputado por Navarra y hombre de confianza de Rubalcaba, Juan Moscoso, sobre el coste fiscal anual de las actividades exentas de impuestos como las publicaciones eclesiásticas, la enseñanza en seminarios o universidades de la Iglesia y la adquisición de objetos destinados al culto.

También quiere que el Gobierno calcule el coste que supone la exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los inmuebles de la Iglesia como templos, capillas, locales destinados a la actividad pastoral, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas de la Curia diocesana y parroquiales, seminarios para la formación del clero, universidades eclesiásticas y casas o conventos de las órdenes y congregaciones religiosas. Lo mismo sucede en el caso de los impuestos sobre la renta y el patrimonio y los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones.

El diputado y portavoz para la Unión Europea cree llegada la hora de “revisar los Acuerdos con el Vaticano porque no tiene justificación la exención fiscal en tiempo de crisis y porque los tiempos han cambiado y ha llegado el momento de que la Iglesia se autofinancie como el resto de confesiones y como sucede con otras religiones en los países desarrollados”.

Moscoso también se interesa por el “cobro arbitrario” de entradas que practica la Iglesia Católica en edificios del patrimonio histórico, artístico y documental que son sostenidos con fondos públicos. Pide el detalle del presupuesto anual del Vicario General Castrense, sus nóminas y gastos. Recaba el número de religiosos que prestan asistencia en las cárceles y los hospitales, y su presupuesto. Y solicita la cifra de profesores de religión, cuántas horas lectivas se dedican a la enseñanza de esta asignatura y cual es su coste. “Parece mentira –concluye– que este Gobierno privatice la salud del cuerpo y, sin embargo, mantenga con fondos públicos la salud del alma; no tiene ningún sentido que la Iglesia subcontrate la educación religiosa en el Estado y, encima, sufragada por todos los ciudadanos”.

Fuente: Cuartopoder